El Gobierno insiste con una nueva ley para universidades y reabre el debate por el financiamiento
El Gobierno nacional impulsa una nueva ley de financiamiento universitario y busca debatirla junto al Presupuesto 2027
El Gobierno nacional volvió a manifestar su intención de avanzar con una nueva ley de financiamiento universitario y planteó que el debate deberá darse en el Congreso junto con la discusión del Presupuesto 2027. La definición se conoció en medio de las negociaciones que mantiene la administración de Javier Milei con las autoridades de las universidades nacionales para intentar alcanzar un acuerdo en materia salarial y presupuestaria.
Desde la Casa Rosada sostienen que la actual Ley de Financiamiento Universitario presenta dificultades porque implica un aumento del gasto público sin establecer con claridad cuáles serán las fuentes de recursos para afrontar esos compromisos. Por ese motivo, consideran necesario impulsar una nueva normativa que contemple mecanismos de financiamiento específicos y compatibles con la política de equilibrio fiscal que lleva adelante el Gobierno.
Mientras tanto, las universidades nacionales continúan con su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para que se garantice la aplicación de la legislación vigente. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional remarcaron que, pese a los avances registrados en las conversaciones con el Ejecutivo, la demanda judicial seguirá su curso hasta obtener una resolución definitiva.
En el Gobierno existe preocupación por el impacto que podría tener un eventual fallo favorable a las universidades, ya que obligaría al Estado nacional a incrementar las partidas destinadas al sistema universitario. Funcionarios nacionales sostienen que una medida de ese tipo podría comprometer los objetivos fiscales fijados por la administración nacional.
De esta manera, el debate sobre el financiamiento de las universidades públicas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política. Con negociaciones aún abiertas, una causa judicial en marcha y la posibilidad de una nueva ley, el conflicto promete extenderse durante los próximos meses y trasladarse tanto a los tribunales como al ámbito legislativo.
