Con el apoyo de la Provincia, intendentes de 13 departamentos rechazan la quita de subsidios al gas en Córdoba
Advierten que la iniciativa podría generar aumentos de entre el 42 y el 100 por ciento en las facturas de gas
El gobernador Martín Llaryora encabezó una reunión con intendentes y jefes comunales de 13 departamentos de Córdoba para rechazar el proyecto del Gobierno nacional que busca modificar el régimen de subsidios al gas conocido como “Zona Fría”. La Provincia y los municipios advirtieron que la medida podría generar aumentos de entre el 42% y el 100% en las facturas de gas de miles de familias cordobesas.
Actualmente, alrededor de 688 mil hogares cordobeses reciben este beneficio: unos 280 mil tienen descuentos del 30% y otros 408 mil, considerados sectores vulnerables, obtienen rebajas del 50% en la tarifa. Según los datos presentados, el 87% de los usuarios residenciales de gas en Córdoba accede hoy a algún tipo de subsidio, alcanzando a más de 2,2 millones de personas.
Durante el encuentro, la Unidad de Trabajo Provincia, Municipios y Comunas aprobó una resolución conjunta rechazando el proyecto nacional por considerar que provocaría un “grave perjuicio económico y social”, especialmente en el sur provincial y en zonas con bajas temperaturas.
Llaryora defendió la continuidad del régimen y pidió a los legisladores nacionales cordobeses que voten en contra de la iniciativa. Además, sostuvo que Córdoba sí necesita este beneficio debido a las bajas temperaturas que se registran en muchas regiones de la provincia durante el invierno.
El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei propone restringir los subsidios solo a zonas de frío extremo como la Patagonia, Malargüe y la Puna, además de sectores vulnerables específicos. En Córdoba, la posible quita afectaría a 13 departamentos: Calamuchita, Capital, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión.
Intendentes de distintos espacios políticos coincidieron en que eliminar el beneficio impactaría fuertemente en las economías familiares y también en la producción regional. Además, reclamaron que cualquier modificación al sistema sea debatida de manera federal junto a provincias, municipios y usuarios.
