Nuestro país es productor de energía. No hay motivo por el que los consumidores deban pagar el mismo valor que se paga en países que no cuentan con recursos. Por ello, los eventuales aumentos del dólar no pueden ser trasladados automáticamente al consumidor. El precio que pagarán los consumidores será fijado nacionalmente, en función de los costos reales de producción y de las necesidades de sus ciudadanos y su desarrollo productivo”.

Además, se habla de que Vaca Muerta debe desenvolverse en función de las necesidades de desarrollo socioeconómico del país, “no del de actores particulares” y que YPF debe ser el principal actor en este sentido.

Dentro de los 100 días se propone están 10 medidas:

1: Se creará la Comisión de Revisión Tarifaria Integral que deberá establecer el costo real de producción y transporte de gas y electricidad en un plazo de cien días. Esta comisión continuará sus funciones en los próximos años, siguiendo la evolución real de los costos de generación, transmisión y distribución de la energía.

3: Se establecerá una tarifa social de luz y de gas, orientada a hogares que por diversas situaciones no puedan afrontar el valor regular, a organizaciones barriales y comunales que tengan como finalidad la promoción social, y a pequeños y medianos productores.

4: Se regulará el precio y la disponibilidad de las garrafas de gas.

5: Se revisará el marco regulatorio, se intervendrá el ENRE y el ENARGAS, y se desplazarán las conducciones actuales, que representan exclusivamente los intereses de las empresas operadoras.

6: Se establecerán criterios de calidad de prestación del servicio eléctrico y multas asociadas a la falta de cumplimiento.

7: Se formulará un plan estratégico de desarrollo de Vaca Muerta, que incluirá un plan de infraestructura para la distribución del gas a los distintos puntos del país (generadoras, industrias, usuarios, puertos), y que deberá también detectar y describir las posibilidades de incorporación de tecnología y trabajo argentino.

8: Se impulsará una revisión de la legislación sobre matriz eléctrica para desarrollar una hoja de ruta de transición energética, la cual se ordenará en función de las necesidades nacionales y la capacidad industrial, tecnológica y científica del país, con el objetivo de contar con una política coherente para el desarrollo de largo plazo del sector energético.

9: Se desarrollarán herramientas especiales de financiamiento para proveedores nacionales del sector energético y para el desarrollo de proyectos energéticos con tecnología de empresas de origen nacional.

10: Se creará un observatorio de monitoreo del costo de producción de la energía que deberá establecer y monitorear en el tiempo los costos reales de producción del barril de petróleo crudo y del millón de BTU de gas; este observatorio no podrá estar constituido por funcionarios que se hayan desempeñado en cargos directivos en empresas privadas del sector.

Luego, en las “Propuestas de mediano y largo plazo”, se habla de desarrollar “una política para el uso y el desarrollo de proveedores locales en Vaca Muerta, incluyendo la modificación de políticas de compre argentino, para abarcar el desarrollo de todos los recursos naturales del país”; de priorizar la generación de energía eléctrica con tecnología hidroeléctrica, eólica y nuclear; crear el Consejo Federal de Energía Eléctrica, con representación de todas las provincias; y reorganizar “el esquema de funcionamiento de empresas públicas y con participación pública del sector energético e industrial (YPF, Yacyretá, Salto Grande, NASA, YCRT, etcétera) para alinearlas con las necesidades del desarrollo industrial, tecnológico y energético del país”.