Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y el proyecto pasó al Senado
La Cámara baja dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil con 149 votos a favor y 100 en contra.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves la Reforma Penal Juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves. El proyecto, impulsado por el oficialismo, obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones, tras un extenso y tenso debate en el recinto.
La iniciativa fue tratada en una sesión especial en la que también se abordó la ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea. Con esta votación, el texto obtuvo media sanción y ahora será girado al Senado, donde continuará la discusión legislativa.
Qué cambia con el nuevo régimen
El nuevo Régimen Penal Juvenil reemplaza la normativa vigente desde 1980 y fija la imputabilidad penal a partir de los 14 años en casos de delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, establece una pena máxima de 15 años de prisión para menores.
Para delitos con penas menores a 13 años, el proyecto prioriza sanciones alternativas y medidas socioeducativas, como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento, reparación del daño y mediación penal juvenil. También prohíbe de manera expresa que los menores compartan espacios de detención con adultos.
El texto incorpora un esquema de resocialización obligatoria, con institutos especializados en infancia y adolescencia, donde se garantice acceso a educación, atención médica y tratamiento de adicciones. Además, reconoce de forma explícita los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil.
Cómo se votó
El dictamen de mayoría fue respaldado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, MID y otros bloques aliados. En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra y expresaron fuertes cuestionamientos al enfoque del proyecto.
Durante el debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado sostuvo que la ley actual “no previene, no resocializa y no repara” y que deja a muchos jóvenes “en un limbo” sin políticas efectivas de reinserción.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una respuesta frente a delitos graves cometidos por menores. El diputado Santiago Santurio afirmó: “No va a ser la solución definitiva, pero es una respuesta a los jóvenes que cometen delitos graves para que entiendan que son parte de la sociedad y que tienen que responder por sus actos”.
En el cierre del debate, Gabriel Bornoroni remarcó: “Cuando hay un delito grave, hay consecuencias graves. Y el Estado tiene que estar ahí”.
Críticas de la oposición
Desde el peronismo cuestionaron que la reforma no aborda las causas estructurales del delito juvenil. Juan Grabois expresó: “La edad la pueden bajar a los cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad”, y pidió priorizar políticas de salud mental y tratamiento de consumos problemáticos.
En la misma línea, Juan Carlos Molina planteó: “¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación?”.
Miguel Ángel Pichetto, aunque acompañó la baja a 14 años, advirtió: “Sin inversión en establecimientos adecuados y educación, es solo humo para la tribuna”.
Financiamiento y presupuesto
Uno de los puntos clave incorporados al proyecto fue la asignación de $23.739 millones para la implementación del nuevo régimen. De ese total, más de $20.600 millones estarán destinados a la Defensoría General de la Nación y más de $3.100 millones al Ministerio de Justicia.
El agregado presupuestario respondió a planteos de gobernadores que reclamaban garantías de financiamiento para evitar que los costos recayeran exclusivamente en las provincias.
Próximo paso: el Senado
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto será debatido ahora en el Senado, donde se anticipa una discusión intensa tanto en el plano político como social.
La reforma se inscribe en un contexto de fuerte debate público sobre seguridad, responsabilidad penal adolescente y rol del Estado, y promete convertirse en uno de los temas centrales de la agenda legislativa en las próximas semanas.
