A lo largo de tres años se duplicó la cantidad de servicios públicos que realizan interrupciones voluntarias (IVE) y legales (ILE) del embarazo, pero las modificaciones a leyes propuestas podrían obstaculizar que esto continue, advirtieron integrantes del Proyecto Mirar, en vísperas del aniversario de la sanción de la ley el 30 de diciembre de 2020.